Aborto Seguro

1. Antes de COVID-19

La regulación del aborto en el resto de México es restrictiva, ya que contempla al aborto como un delito, y sólo en la Ciudad de México y en Oaxaca el aborto está despenalizado durante las primeras 12 semanas de gestación. Solamente el aborto por violación es legal en todo el país; en el resto de las entidades, sólo bajo ciertas causales o circunstancias se puede abortar sin ameritar una sanción penal: la causal riesgo a la vida es legal en 23 entidades, y la causal salud se contempla en 16, entre otras.

Sin embargo, existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y del personal de salud de sus obligaciones, lo que da pie a que se impongan requisitos no solicitados en la legislación y permite la desinformación distribuida por grupos antiderechos, la violación del secreto profesional y la criminalización de mujeres que sufren emergencias obstétricas.

2. El impacto de la pandemia por COVID-19

Así, la COVID-19 ha aumentado las brechas geográficas, económicas y de información para acceder a abortos legales o seguros. Ha hecho aún más evidente que es necesario acabar con la situación actual en la que las mujeres tienen más o menos derechos dependiendo de su lugar de residencia. La regulación actual es insuficiente: las mujeres no deberían tener que trasladarse a otro estado para acceder a servicios de aborto legal sin restricción durante las primeras 12 semanas de gestación.

Garantizar el acceso al aborto se vuelve particularmente relevante en un contexto en el que hay un acceso limitado a métodos anticonceptivos y en el que aumenta la violencia sexual en contra de las mujeres como consecuencia del confinamiento y, con ello, también la posibilidad de embarazos no deseados. Por lo que el acceso al aborto por violación debe otorgarse de acuerdo con lo establecido por la NOM 046 y la Ley General de Víctimas; esto es, para todas las mujeres a partir de los 12 años sin necesidad de una autorización o denuncia previa sino solamente solicitándolo por escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que el embarazo es producto de violación.

Hemos reafirmado que el acceso al aborto en México debe de ser garantizado y no ser aplazado o desplazado en tiempos de pandemia, ya que es un servicio de salud esencial y sensible al tiempo que, de no realizarse, podría aumentar el número de abortos inseguros en México, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. De ahí la importancia de que la salud reproductiva sea considerada como un aspecto de la salud integral, y los derechos reproductivos, como derechos humanos.

La emergencia sanitaria que atravesamos y la jornada de distanciamiento social han visibilizado la importancia del aborto con medicamentos y del acompañamiento como alternativas y métodos seguros que actualmente llenan los vacíos del Estado.

3. El papel del gobierno al respecto

Para hacer frente a estas afectaciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones que contemplan:

• La publicación por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) del “Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida” en el que se incluye al aborto seguro como un servicio esencial que se debe garantizar en los marcos previstos por la ley.
• El reforzamiento de medidas y conservación de los servicios de aborto legal en las clínicas especializadas del Programa de Interrupción del Embarazo, de la Ciudad de México.

4. Acciones para el acceso al aborto seguro

a) De la sociedad civil

• Acompañamiento de aborto seguro por parte de:
  Fondo MARIA https://www.fondomaria.org/
  Red por los derechos sexuales y reproductivos en México https://www.ddeser.org/
• Realización de conversatorios, blogs y vídeos en redes sobre el aborto como servicio esencial en tiempos de COVID-19.

b) Recomendaciones al Estado

• Plantear a la telemedicina como una forma en la que el Estado puede garantizar el acceso al aborto seguro, los medicamentos y la información confiable, evitando la saturación de los servicios de salud.
• Promover la adopción y la implementación de leyes de amnistía a nivel local que beneficien a las mujeres que han sido criminalizadas por aborto o emergencias obstétricas.
• Garantizar el acceso efectivo al aborto bajo los supuestos permitidos por la ley, así como llevar a cabo un registro adecuado de los abortos realizados por las instituciones de salud.
• Despenalizar el aborto en todo México para eliminar las barreras geográficas y de acceso que han aumentado a causa de la pandemia por COVID-19 y las medidas de respuesta por parte del Estado.
• El conocimiento y la correcta implementación por parte de todo el Sistema Nacional de Salud del Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, que clasifica el aborto seguro como servicio esencial de salud.
• Garantizar la existencia de medicamentos como misoprostol y mifepristona en los servicios médicos de todo el país que estén obligados a realizar abortos por violación, asimismo, capacitar a los prestadores de servicios de salud de esas unidades para llevar a cabo los tratamientos quirúrgicos más recomendados como la aspiración manual o eléctrica endouterina.

Más información:

Balance https://www.balancemx.org/es

Católicas por el derecho a decidir https://www.catolicasmexico.org/

Equidad de Género https://www.equidad.org.mx/

Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. https://gire.org.mx/

Ipas Centroamérica y México https://www.ipasmexico.org/

Population Council México https://www.popcouncil.org/research/mexico

REDefine https://ilsb.org.mx/programas-eventos/redefine/