Personal de salud

Las condiciones laborales de las mujeres como empleadas del sector salud están siendo aún más precarizadas. La pandemia y el confinamiento han reducido sus garantías laborales y hecho imposible conciliar la vida laboral y familiar. Las que son jefas de familia, a pesar del decreto de resguardo, están siendo obligadas a laborar.

Las mujeres son el 70% de las personas que trabajan en el sector sanitario en América Latina. Sin embargo, existe una brecha salarial de género de 28%, y sólo 1 de cada 4 puestos de liderazgo son ocupados por mujeres. (OMS, 2019)
En México, el 79% de las personas que se dedican a la enfermería y el 39% del personal médico son mujeres. (ENOE, 2019)


Acciones de la sociedad civil

  • Visibilización de las diferentes formas de violencia que viven las mujeres del personal de salud y realizar denuncias públicas al respecto.
  • Articulación mediante la red nacional “Nosotras tenemos otros datos” que responde a las omisiones del Estado para diagnosticar, planificar, presupuestar, evaluar e implementar una política pública transversal desde la perspectiva de género.

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1. Antes de COVID-19

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres son el 70% del personal sanitario y social en América Latina. Sin embargo, sólo 1 de cada 4 puestos de liderazgo en el sector salud son ocupados por mujeres y existe una brecha salarial de género de 28%. Por lo que las mujeres en el sistema de salud tienen, en general, peores condiciones de trabajo y se encuentran en puestos de menor responsabilidad.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación, las mujeres son el 79% del personal de enfermería y el 39% del personal médico. Además, existen 2.3 mujeres por cada hombre en la fuerza de trabajo en el sector salud. Lo cual muestra que aunque son mayoría, se enfrentan a múltiples desigualdades, ya que la mayoría son enfermeras, trabajadoras sociales y personal de intendencia.

Además, el Sistema Nacional de Salud se vio afectado por el desmantelamiento continuo de las administraciones federales, lo cual tuvo también consecuencias en la precarización laboral de las mujeres.

2. El impacto de la pandemia por COVID-19

Por las labores que desempeñan en el sector salud, las mujeres están en la primera línea de atención a COVID-19 y, por lo tanto, también expuestas a mayores riesgos de contagio y desgaste físico y emocional. Como lo muestran los reportes oficiales, al 16 de junio de 2020, las mujeres representan 57% de los casos positivos al virus y el 29% de las muertes. Las más afectadas por el contagio son las enfermeras, quienes en su mayoría son mujeres.

Derivado de la desinformación y el miedo al contagio de COVID-19, el personal médico también se ha tenido que enfrentar a situaciones de discriminación y violencia en los espacios públicos o en su vida personal. El patrón común de estas agresiones, como lo señala el informe de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), es rociarlas con cloro, impedirles el acceso al transporte público o negarles servicios. Aunque también han habido agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte con arma de fuego, se les ha impedido el acceso a sus hogares o se les ha pedido que busquen otro lugar en donde vivir en plena pandemia. De acuerdo con datos de la SEGOB, al 29 de abril se habían registrado 47 agresiones en 22 estados contra profesionales de la salud; el 80% de ellas fueron contra el personal de enfermería y el 70% contra mujeres, lo cual muestra un impacto diferenciado de esta violencia hacia las mujeres del personal de salud.

Las mujeres, como parte del personal de salud, también se han enfrentado a la carencia de insumos médicos suficientes, a la extensión de sus turnos por falta de personal médico y a la falta de acceso a seguridad social, días de descanso, vacaciones y otras prestaciones laborales por ser trabajadoras suplentes. Este es el caso de María Elena Ponce, trabajadora intendente desde hace 8 años del Hospital Pediátrico de Sinaloa y representante de los trabajadores suplentes, que pese a que con sus recursos se compró un cubrebocas de tela para protegerse, se contagió y tuvo que convencer a sus jefes para que la dejaran aislarse. “Nosotros no tenemos derecho ni siquiera a una prueba, ni a servicios médicos ni a medicamentos”, declaró a Ríodoce.

3. El papel del gobierno al respecto

  • Participación el 20 de abril de la enfermera Fabiana Zepeda Arias, jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, en el informe diario sobre COVID-19 para hablar de los ataques al personal de salud y reivindicar su labor.
  • Reforzamiento y movilización de elementos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para proteger al personal de salud y los ciudadanos en los hospitales e instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
  • Firma de un acuerdo para implementar medidas de protección al personal durante la contingencia entre el IMSS y Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). En este acuerdo se establece que las personas trabajadoras con mayor riesgo de infección por COVID-19 pueden desempeñar sus funciones desde casa y se incluye a mujeres embarazadas o en etapa de lactancia y a quienes tienen enfermedades crónicas degenerativas. Asimismo, se señala que el servicio de guarderías se mantendrá fijo para personal de salud que realiza funciones esenciales y se procurará que quienes tiene hijas/os menores de 12 años también puedan trabajar en casa.

4. Acciones a favor del personal de salud

a) De la sociedad civil

  • Visibilización de las diferentes formas de violencia que viven las mujeres del personal de salud y realizar denuncias públicas al respecto.
  • Articulación mediante la red nacional “Nosotras tenemos otros datos” que responde a las omisiones del Estado para diagnosticar, planificar, presupuestar, evaluar e implementar una política pública transversal desde la perspectiva de género.
  • Contribuir a la desarticulación de la narrativa que romantiza la labor del personal médico, pero no garantiza sus derechos laborales.

b) Recomendaciones al Estado

  • Garantizar la seguridad del personal de salud ante los actos de violencia, estigmatización y discriminación.
  • Supervisión estricta de las acciones implementadas por los gobiernos estatales para cumplir con su obligación de garantizar los derechos humanos del personal médico.
  • Difusión de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras en el sector salud.
  • Provisión de seguridad social, condiciones y equipos de protección personal adecuados y suficientes a todo el personal de salud que realiza funciones esenciales.
  • Inclusión de la perspectiva de género en las acciones y medidas adoptadas por el sector salud en todos los niveles para la mitigación, respuesta y recuperación ante la pandemia.

Más información:

No se metan con nuestras hijas Sinaloa – @nosemetanconnuestrashijas

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