Históricamente, las personas que se dedican al trabajo sexual sin que exista ningún tipo de violencia o coerción de por medio, se han enfrentado a la criminalización, el estigma social y la falta de acceso a servicios de salud. Particularmente, se enfrentan cotidianamente a las inspecciones, extorsiones, persecución y criminalización por parte de la policía. De acuerdo con un diagnóstico realizado por COPRED, el 64.9% de las trabajadoras sexuales han sido violentadas por alguna autoridad.
Para hacerle frente a esa situación, organizaciones y colectivos de trabajadoras sexuales construyeron una estrategia de litigio para lograr mediante amparos el acceso a la tarjeta de trabajadoras no asalariadas por parte de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México. Tras más de 20 años de lucha, este derecho se les reconoció en 2014, sin embargo, la implementación ha sido sumamente compleja y llena de obstáculos. De acuerdo con Brigada Callejera, actualmente existen aproximadamente 400 trabajadoras sexuales que cuentan con la tarjeta de trabajadora no asalariada. Pero existen más de 300 solicitudes pendientes de resolver por parte de las autoridades y que por la pandemia se han retrasado y complejizado aún más.
Finalmente, los colectivos y organizaciones de trabajadoras sexuales también identifican un impacto en el contexto y en su acceso a recursos derivado de la postura del actual gobierno de México de denostar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Lo cual, ha implicado un obstáculo más para su trabajo de defensa de los derechos humanos.
La pandemia por COVID-19 ha tenido múltiples y profundos impactos en las trabajadoras sexuales en México. En la Ciudad de México, como parte de las medidas para hacerle frente a la pandemia se decretó el cierre de hoteles y moteles, lo cual impactó directamente a las trabajadoras sexuales, ya que muchas vivían en esos espacios. Por lo que tuvieron que buscar otros lugares, dormir en las calles y construir un campamento en la vía pública.
Asimismo, las restricciones de movilidad y sana distancia han impactado económicamente a las personas trabajadoras sexuales, reduciendo sus ingresos hasta en un 95% en el caso de las adultas mayores y en un 80% en el caso de las jóvenes. Como consecuencia, muchas ya no pueden cubrir sus gastos y los de sus familias, ya que el 80.3% tiene más de dos dependientes. Además, como consecuencia de la crisis económica y de acuerdo con un diagnóstico elaborado por Brigada Callejera, el número de personas trabajadoras sexuales en la vía pública se ha duplicado.
Previo a la pandemia, el 75.8% de las trabajadoras sexuales encuestadas por COPRED mencionó que en caso de necesitar algún tipo de atención médica trabajaban más y únicamente el 17.9% de ellas mencionó tener algún tipo de seguro médico. Por lo que en un contexto en donde hay escasez de trabajo y reconversión del sistema de salud para atender la pandemia, su salud física y mental se ha visto impactada y se ha deteriorado. Además de los altos riesgos de contagio de COVID-19 dada su labor, las trabajadoras sexuales se están infectando más de VIH y otras infecciones de transmisión sexuales (ITS). Asimismo, se han enfrentado a la falta de atención para otros padecimientos como diabetes y cáncer.
a) De la sociedad civil
Más información:
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, AC – http://brigadaac.mayfirst.org/