Mujeres con discapacidad

La población con discapacidad que vive en instituciones psiquiátricas, casas hogar, orfanatos y albergues, corre grandes riesgos de contraer COVID-19 y morir debido al confinamiento, el hacinamiento y la falta de medidas de higiene en estas instituciones.

Son el 53% de la población con discapacidad, pero existe una falta de acciones para atender la discriminación que enfrentan


Acciones de la sociedad civil

Leer más...

1. Antes de COVID-19

Muchas personas con discapacidad han sido institucionalizadas y segregadas de la sociedad en espacios residenciales como casas hogar, hospitales psiquiátricos, orfanatos y albergues. Dentro de estas instituciones, son víctimas de múltiples abusos incluidos el sexual y físico, esterilizaciones forzadas, sujeciones físicas y químicas, discriminación e institucionalización de por vida.

Además del abuso sexual, las niñas y mujeres con discapacidad que viven en instituciones pueden sufrir la negación a sus derechos sexuales y reproductivos. El marco jurídico mexicano niega, generalmente, la capacidad jurídica a las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, impidiendo así que tomen sus propias decisiones. La ausencia de servicios dirigidos a estas poblaciones fuera de las instituciones impide que las personas con discapacidad puedan participar en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás.

¿Cuáles son los retos para la salud de las mujeres con discapacidad?

2. El impacto de la pandemia por COVID-19

Hasta el día 24 de junio de 2020, el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 en los Centros Penitenciarios de la CNDH registró 607 casos acumulados, 215 casos sospechosos y 91 decesos en las siguientes entidades: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. La llegada de la pandemia ha evidenciado los riesgos particulares que enfrentan las personas con discapacidad que viven en instituciones de contraer y morir por COVID-19 debido al confinamiento, el hacinamiento y la falta de medidas de higiene y de políticas públicas con un eje transversal de derechos humanos.

En este sentido, hay una ausencia de planes para atender las necesidades específicas que enfrentan las personas con alguna discapacidad ante la pandemia. La pandemia evidencia aún más las necesidades no atendidas de la población con discapacidad, así como la falta de apoyos y de servicios en la comunidad.

Existe evidencia internacional en la región que demuestra que las personas con discapacidad institucionalizadas corren mayores riesgos de contagiarse y morir por COVID-19. Algunos ejemplos de ello son el “Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora” en Guatemala y los casos en residencias para personas mayores y personas con discapacidad en los Estados Unidos. Sin embargo, no existe en México ninguna medida concreta para salvaguardar la vida e integridad de la población con discapacidad institucionalizada, pese a los diversos pronunciamientos hechos por organismos internacionales al respecto. A la fecha, se desconoce el número de personas con discapacidad que han contraído COVID-19 o que han muerto por esta enfermedad en el país.

En el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, pese a ser 53% de la población con discapacidad, existe una falta de acciones de atención específica implementadas por el Estado para prevenir y combatir la discriminación interseccional que enfrentan, así como la ausencia de información al respecto, lo cual ya había señalado previamente con preocupación el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, tienen un mayor riesgo de ser víctimas de violencia y abusos, lo cual se agrava con el confinamiento derivado de la pandemia.

3. El papel del gobierno al respecto

Para hacer frente a estas afectaciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones que contemplan:

  • Continuación en la entrega de pensiones para las personas con discapacidad en su domicilio. No obstante, el programa no menciona la forma en la que se incluirá a las personas con discapacidad institucionalizadas.
  • Publicación de la CNDH de un “exhorto al Estado mexicano a adoptar medidas urgentes y complementarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Fase 3 de Emergencia Sanitaria por la Pandemia del COVID-19”. Sin embargo, el texto no brinda información sobre cómo proteger a las personas con discapacidad institucionalizadas.

4. Acciones a favor de las mujeres con discapacidad

a) De la sociedad civil

b) Recomendaciones al Estado

  • Implementar las medidas señaladas en el pronunciamiento de la Asamblea Consultiva de CONAPRED respecto a las personas institucionalizadas y el respeto a sus derechos humanos.
  • Atender las recomendaciones de la Resolución 01/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente, la inclusión de datos desagregados por discapacidad en los registros de personas contagiadas, hospitalizadas o fallecidas por COVID19, y estrategias accesibles de comunicación sobre COVID19.

Más información:

Disability Rights International https://www.driadvocacy.org/