Mujeres privadas de libertad

Las mujeres, que representan 5% de la población penitenciaria, suelen quedar invisibilizadas en el diseño de políticas públicas carcelarias. Se encuentran en vulnerabilidad ante la pandemia por el hacinamiento y por carecer aún más que los hombres de algunos servicios como los de salud.


Representan el 5% de la población penitenciaria en México

75.6% sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto y 63.8% sufrió algún tipo de agresión física (ENPOL, 2016)

La Ley de Amnistía recientemente aprobada permitiría liberar a alrededor de 600 mujeres privadas de libertad (EQUIS, 2020)


Acciones de la sociedad civil

  • Adoptar medidas de carácter urgente, transparente y accesible desde los poderes judiciales para garantizar el acceso a la salud y a mecanismos de excarcelación de las personas privadas de libertad. Es esencial que se fomenten estrategias que permitan hacer llegar información clara sobre estos mecanismos a los centros femeniles.  
  • Excarcelar, como señala la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 146, a personas adultas mayores o con alto riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19, entre ellas, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión y VIH. Deben de existir condiciones de igualdad en el acceso a estos mecanismos para mujeres privadas de libertad.

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1. Antes de COVID-19

En México, las mujeres privadas de libertad sufren diversas violencias a lo largo de su proceso penal: desde la detención y hasta su liberación, enfrentan violencia sexual, torturas y/o malos tratos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Población Privada de la Libertad, 75.6 % sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto y 63.8 % sufrió algún tipo de agresión física. Por otra parte, dentro del sistema penitenciario se enfrentan a obstáculos y problemáticas día con día: la falta de acceso a la salud en general o ginecológica, a una alimentación adecuada o a agua potable, entre otras. También tienen que enfrentarse al aislamiento social, la pérdida de lazos afectivos y de cuidado y la falta de apoyo económico. Ellas suelen estar alejadas de su lugar de origen, de su familia y del juzgado donde se lleva su proceso.

2. El impacto de la pandemia por COVID-19

Hasta el día 17 de julio de 2020, el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 en los Centros Penitenciarios de la CNDH registró 1748 casos acumulados, 355 casos sospechosos y 169 decesos en las siguientes entidades: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas (29 de las 32 entidades federativas). Los datos de la CDNDH no se desagregan por centro penitenciario y sexo, por lo que no se sabe cuantas mujeres están contagiadas a la fecha, solamente por medios de comunicación se tiene conocimiento del caso de una mujer que falleció por COVID19 en el reclusorio de Tijuana.

En varios centros penitenciarios son las familias y no las instituciones quienes proveen alimentos, medicamentos, agua y otros enseres a la población. Debido al estigma y la falta de recursos de sus familias, las mujeres reciben menos visitas y, como consecuencia, menos acceso a alimento, artículos de higiene, vestimenta, etcétera, lo que se verá exacerbado y desproporcionado para las mujeres por la suspensión de visitas debido a la pandemia. Asimismo, y aunque el gobierno asegura tomar medidas de aislamiento, familiares han denunciado que las autoridades penitenciarias no proveen información sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión.

En este contexto, el poder judicial y en específico las y los jueces de ejecución tienen un papel crucial ya que están facultados para otorgar beneficios de preliberaciones y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, de acuerdo con el último informe de la organización Equis, Justicia para las mujeres, ¿Derechos aplazables?, sólo 9 de los 32 poderes judiciales contemplan como asuntos urgentes los de materia de ejecución penal; 8 de 32 poderes judiciales han considerado los asuntos de preliberación como urgentes y ninguno hace referencia directa a otros mecanismos de excarcelamiento, como sustitución y suspensión de la pena, preliberación de personas por política penitenciaria o penas alternativas a prisión (sanción verbal, compensación y arresto domiciliario, entre otras).

Ninguno contempla medidas en materia de ejecución penal con perspectiva de género, enfoque diferenciado o interseccionalidad, lo que invisibiliza las necesidades particulares de mujeres, indígenas, personas LGBT+ o personas con discapacidad en los centros de reclusión. El lenguaje utilizado en los documentos publicados es sumamente técnico y ambiguo, no es accesible para las personas privadas de la libertad y, por tanto, obstaculiza el ejercicio de sus derechos.

3. El papel del gobierno al respecto

Para hacer frente a estas afectaciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones que contemplan:

    Desde marzo de 2020, se implementó la suspensión de visitas familiares e íntimas en los sistemas penitenciarios, de forma generalizada en algunos casos, y en otros para personas en situación especial de riesgo frente al virus.
  • Adaptación de espacios específicos para la cuarentena y la atención médica de personas privadas de libertad potencialmente contagiadas de COVID-19 en algunos sistemas penitenciarios.
  • Aprobación del Senado de la República de la Ley de Amnistía, que permitiría liberar a alrededor de 600 mujeres privadas de libertad (14% de los casos) el pasado 20 de abril.
  • Adopción de medidas para favorecer procesos de preliberaciones conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal en varios estados de la República. El 7 de mayo contabilizamos la liberación de 3,000 personas aproximadamente, de acuerdo con una metodología de monitoreo de medios.
  • Publicación de un “Protocolo de Actuación para la Atención de COVID-19 al interior de Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS)”.

 

4. Acciones a favor de las mujeres en prisión

a) De la sociedad civil

  • Seguimiento a la implementación de la Ley de Amnistía, a través del lanzamiento de la campaña #AmnistíaYa para solicitar la aceleración de su aplicación 5 y presentación de una demanda de amparo en contra la Amnistía por incumplir con su obligación de enviar al Diario Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo de la primera sesión del 23 de junio.
  • Seguimiento a las leyes de amnistía locales, destacando participación durante las audiencias con legisladoras en el congreso de Oaxaca.
  • Declaración ante el Comité de Viena de ONG sobre Drogas y la Comisión de Estupefacientes de la ONU, exponiendo el efecto diferenciado de la Guerra contra las Drogas en mujeres y el impacto durante la crisis de COVID-19.
  • Publicación del informe “¿Derechos Aplazables? El Poder Judicial frente a la población penitenciaria durante la pandemia por COVID-19”, en la cual se analiza y reporta la suspensión de actividades de tribunales en materia de ejecución penal.
  • Acompañamiento a organizaciones de mujeres exprivadas de la libertad para su fortalecimiento institucional. Una presentación ha sido en el webinar “Después de la Ley de Amnistía, ¿qué? Derechos de las mujeres privadas de la libertad”.
  • Monitoreo de información sobre impacto de COVID-19 en población privada de la libertad, incluyendo medidas sanitarias y desarrollo de la pandemia.

b) Recomendaciones al Estado

  • Adoptar medidas de carácter urgente, transparente y accesible desde los poderes judiciales para garantizar el acceso a la salud y a mecanismos de excarcelación de las personas privadas de libertad. Es esencial que se fomenten estrategias que permitan hacer llegar información clara sobre estos mecanismos a los centros femeniles.
  • Excarcelar, como señala la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 146, a personas adultas mayores o con alto riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19, entre ellas, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión y VIH. Deben de existir condiciones de igualdad en el acceso a estos mecanismos para mujeres privadas de libertad.
  • Adoptar una política de no detención de personas por delitos no violentos, como es el caso del transporte y posesión de sustancias ilícitas o infracciones administrativas. En asuntos penales, debe privilegiarse el uso de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
  • Acelerar la implementación de la Ley de Amnistía, incluyendo la publicación de los acuerdos de la Comisión encargada de revisar las solicitudes.
  • Promover la adopción y la implementación de leyes de amnistía a nivel local, que contemplen distintos tipos de delitos que impactan de forma diferenciada a las mujeres en cada entidad.
  • Impulsar el diseño e implementación de políticas públicas en materia de reinserción social desde una perspectiva interseccional y de género.
  • Implementar las medidas señaladas en el pronunciamiento de la Asamblea Consultiva de CONAPRED respecto a las personas institucionalizadas y el respeto a sus derechos humanos.

Más información:

Equis, Justicia para las Mujeres https://equis.org.mx/