En México, se estima que hay alrededor de 3 millones de personas trabajadoras laborando en los campos agrícolas, de los cuales el 46.3% es indígena. La población jornalera agrícola y migrante ha enfrentado un proceso de empobrecimiento durante décadas, es por eso que ingresa un mayor número de integrantes de la familia al trabajo remunerado como las niñas, niños, mujeres y adolescentes, a quienes históricamente se les reconoce únicamente como acompañantes, pero han ido desempeñando un papel cada vez más activo.
Además, tienen condiciones laborales sumamente precarias, ya que el 93.4% carece de contrato; 90.9% carecen de acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo y el 85.3% no cuenta con prestaciones laborales. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, únicamente 3 de cada 10 mujeres que trabajan en el campo y 6 de cada 10 hombres reciben remuneración y la mitad gana hasta dos salarios mínimos. Otra problemática relevante, se refiere al trabajo infantil agrícola, ya que se estima que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y el sector agropecuario concentra la mayor parte de la población infantil ocupada en trabajo no permitido.
En el caso de las mujeres, quienes actualmente son aproximadamente el 15% de las personas jornaleras agrícolas, enfrentan fuertes rezagos sociales, que se expresan en el incumplimiento y goce limitado o nulo de sus derechos humanos y laborales. Ellas salen a trabajar al igual que el resto de los hombres antes de que despunte el sol y cuando están de regreso en sus viviendas, son las responsables de preparar y dar los alimentos a todos los miembros de la familia que hayan salido a trabajar incluyéndose ellas. Aunado a las complejidades de las actividades laborales que ellas realizan, se suman las agresiones institucionales, sexuales, verbales, psicológicas y emocionales.
La pandemia agudizó la compleja y precaria situación laboral y de vida de las jornaleras agrícolas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en México los trabajadores agrícolas y cientos de peones o jornaleros corren un alto riesgo de contagiarse de Covid-19, de caer en la pobreza y de tener mayores dificultades para recuperar sus medios de vida. Asimismo, la OIT advirtió del impacto social que puede causar el contagio en el campo debido a la rápida propagación del coronavirus, debido a que el suministro de alimentos es una actividad esencial y crítica que no puede ponerse en riesgo sino por el contrario, debe garantizarse especialmente en estados de emergencia sanitaria.
Además, esta situación ha mostrado el limitado acceso a servicios de salud que tienes las personas jornaleras agrícolas, ya que el 90.9% no tiene acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo. Esto es sumamente preocupante, ya que las personas jornaleras agrícolas constituyen una población altamente vulnerable por dos fuentes de riesgo provenientes del modelo de producción agroexportador: las formas de traslado desde sus lugares de residencia y las formas de vivienda en campamento, ambas caracterizadas por el hacinamiento. Dada su participación en las cadenas de producción de alimentos y su condición de precariedad, que los lleva a vivir al día, los jornaleros agrícolas difícilmente podrán parar de trabajar, por lo que es urgente tomar medidas para garantizar las adecuadas condiciones de trabajo y vivienda que permitan la preservación de su salud.
La lejanía de los campos agrícolas de los centros de salud y la movilidad de las familias jornaleras hacen necesario un modelo de atención específica, pero este es insuficiente. Las familias indígenas monolingües no cuentan con intérpretes-traductores para llevar a cabo trámites administrativos o el acompañamiento durante su atención, tienen que gestionar los traslados y se enfrentan con limitaciones respecto a los permisos por enfermedad y descuentos en su día o jornada de trabajo por parte de sus empleadores.
Muestra de todo esta compleja situación y la afectación del COVID-19 a las personas jornaleras agrícolas son estos testimonios:
“Sus padres, jornaleros agrícolas en un sembradío de chile jalapeño en Aguascalientes, juntaron como pudieron 23 mil pesos para poder trasladar el cuerpo de su bebé de tres meses, que falleció por Covid-19, al poblado Barrio de los Hilarios, municipio de Cochoapa el Grande, en la Montaña Alta de Guerrero, una de las regiones más pobres del estado. Antes de sepultarla, él, de 21 años de edad, y ella, de 16, colocaron el féretro sobre hojas de plátano, como es la tradición en esa comunidad na savi (mixteca)”.
“Murió de Covid-19, en las inmediaciones del municipio de Tixtla, un indígena jornalero agrícola que viajaba en un autobús que venía de Sinaloa y se dirigía al poblado de Zoquiapa. El deceso provocó que alrededor de 30 pasajeros fueran aislados, entre ellos 10 niños, en un albergue ubicado en Zoquiapa […] policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional inspeccionaron el camión, donde se halló sin vida a una persona de nombre Silvestre N, de 66, años”.
“A 104 días de que inició la pandemia en Zacatecas […] la Secretaría de Salud informó que […] el 1 de julio ocurrió el deceso número 108 de la pandemia en Zacatecas; una mujer de 19 años que había sido internada en el Hospital General de Fresnillo, al tener síntomas del nuevo coronavirus. Ella provenía de Sinaloa y laboraba como jornalera en Río Florido”:
Para hacer frente a estas afectaciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo algunas acciones que contemplan:
a) De la sociedad civil
b) Recomendaciones al Estado
Más información:
Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas – http://cecig.org.mx/red-de-jornaleros/